Carta del concejal Don Antonio Gallego Visglerio al Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules de 15 DE JUNIO DE 1931.

Artículo publicado en la Revista de Apuntes Históricos 

y de Nuestro Patrimonio 2010

J. Carlos PERALES PIZARRO

“Fue un día profundamente alegre — muchos que ya éramos viejos no recordábamos otro más alegre -, un día maravilloso en que la naturaleza y las historia parecían fundirse para vibrar juntas en el alma de los poetas y en los labios de los niños. La República había venido por sus cabales, de un modo perfecto, como resultado de unas elecciones... Desde aquel día - no sé si vivido o soñado - hasta el día de hoy, en que vivimos demasiado despiertos y nada soñadores, han transcurridos seis años repletos de realidades... yo los resumiría con unas pocas palabras: Unos cuentos hombres honrados tuvieron la insólita idea y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir”

Don Antonio Machado.

      Don Antonio Gallego Visglerio, el que fuera alcalde republicano de Alcalá de los Gazules en 1936 y que fue fusilado junto a otros alcalaínos, tras el golpe de Estado (1), en 1931, siendo elegido concejal por Izquierda Republicana, en la primera corporación, en julio de este año, dirigió una carta al Ilustrísimo Ayuntamiento que me permito trascribir para su conocimiento.

     Fue Alcalde en dos ocasiones: desde el 14 de octubre de 1933 al 19 de octubre de 1934 y desde el 21 de febrero de 1936 hasta el 22 de julio, que fue depuesto y detenido por los sublevados.

     Traslada Don Antonio Gallego, en este escrito, su compromiso y su responsabilidad asumida tras su elección como concejal.

     Nos da una idea de las esperanzas que se tenían puestas en la recién llegada república.

     Había nacido el 9 de octubre de 1893 y vivió en la calle Galán Caballero.

     Murió el 24 de julio de 1936, ejecutado, fusilado, siendo alcalde de Alcalá de los Gazules, “por no ser adicto al Movimiento”.

      Sigue siendo unos de los miles de desaparecidos provocados por el golpe de estado de Franco y su posterior represión.

     Con Registro de Entrada, número 672, de fecha 17 de junio de 1931, dirigida a LA ILUSTRE

 CORPORACIÓN MUNICIPAL y firmada en Alcalá de los Gazules a 16 de junio de 1931, textualmente dice así(2):

    “El concejal que suscribe, deseando responder a la confianza que los electores han depositado en él al llevarlo al puesto honroso que en la actualidad ocupa por la libre y espontánea decisión popular, ante esa Corporación tiene el honor de exponer:

     Abrumadora es la responsabilidad que en los momentos actuales aceptan o se ven obligados aceptar los ayuntamientos formados por la no coaccionada voluntad de los pueblos, después de una luctuosa época de injusticias y atropellos, de inmoralidad e ilegalidades a cuyo peso se desmoronó el trono borbónico.

     No hay hombre tan libre de compromisos de amistad y de relaciones familiares que pueda, sin sentir amargura del deber, comenzar una obra de fiscalización y depuración de responsabilidades, sin antes sostener una lucha agotadora entre su conciencia ciudadana y el deseo de conservar sus amistades y de que no se rompan los amables lazos de familia.

     Esta es la humanamente desagradable situación legal de los que como el exponente, mejor dicho la de todos los que formamos esta Ilustre Corporación, hemos sido elevados para ocupar los Cargos de representantes del pueblo, sin que la ley nos permita renunciar a ellos, por ser obligatorios.

     Ansias de justicia tiene el pueblo al que representamos e incurriríamos en deslealtad si, después de haberle ofrecido a lo que tiene derecho indiscutible, claudicáramos por temor a los perjuicios morales o materiales que de ello se derivasen.

     Muchas horas de meditación, muchas indecisiones y aplazamientos ha sufrido por nuestra

Parte el compromiso de tan sagrado deber; pero hora es ya que lo cumplamos, si no queremos que con sobrada razón el pueblo pueda escupirnos con desprecio por cobardes e indignos de ser sus representantes.

     La República Española no puede cimentarse en un borrón y cuenta nueva, sino que hay que barrer y descubrir toda la basura que corroyó al régimen desplazada, pues lo contrario, no demostrándose y sancionándose las ilegalidades e inmoralidades cometidas por los servidores de la monarquía destronada, nada tuviese de extraño que dentro de poco volviesen a posesionarse del poder en este pueblo y en otros muchos, los solo han sabido ser caciques durante muchos años, ya que de hacerse el silencio en torno a su gestión administrativa que de funesta se ha considerado, les concederíamos el derecho a seguir interviniendo en la vida pública y los que hemos criticado su gestión pudiéramos ser tildados de calumniadores.

     Si amarga y doloroso es la gestión de todo Fiscal y más cuando su actuación debe desenvolverse en su mismo pueblo y contra personas de las que no lo separan odios ni enemistades, también es elevada y noble, por cuanto se encamina a perseguir a los culpables, como representantes de la Ley, en desagravio de la sociedad ofendida o perjudicada.

      Por lo expuesto y de acuerdo con disposiciones emanadas del Gobierno Provisional de la República Española, someto a la consideración y decisión de este Ilustre Ayuntamiento lo siguiente:

1º Que se proceda a una inspección de los acuerdos y cuentas del Municipio desde el año 1924, declarando lesivos los que proceda.

2º Que en cumplimiento de lo que antecede se informe por Secretario y por Intervención si la adquisición y pago del todo o parte del valor en que ha sido adquirida de Don M. T. (3) la Casa Ayuntamiento donde actualmente se encuentran instaladas las oficinas, están ajustadas a las leyes entonces en vigor o si, por el contario, han dejado de cumplirse requisitos esenciales.

3º Que igualmente se informe por ambas dependencias si las obras del camino vecinal desde esta ciudad a la de jerez se ha llevado a efectos en legal forma, con su correspondiente presupuesto o si por el contrario han dejado de cumplirse algunas formalidades legales, tanto en su ejecución como en los pagos que se han hecho

4º Se informe por Secretaría si las vacantes ocurridas desde el año 1924 en lo referente a empleados administrativos se han cubierto y se han efectuado la corrida de escala en la forma determinada en el Reglamento de los empleados de este Ayuntamiento y conforme a lo establecido en el articulo 247 del Estatuto municipal entonces vigente y en el 97 del Reglamento de Secretario, Interventores y empleados municipales en general de 23 de agosto de 1924.

     Es cuanto tengo el honor de someter a la consideración y decisión d la Ilustre Corporación Municipal a la que me honro de pertenecer.

Alcalá de los Gazules, 15 de junio de 1931.

Antonio Gallego Visglerio (rubricado)”

     Hasta aquí el texto íntegro del escrito.

      Unas ultimas consideraciones me permito añadir. Es, a pesar del tiempo transcurrido, actual y nos enseña y deberíamos de aprender de él. Como ciudadano y, en la actualidad, como concejal que soy, suscribo en la distancia lo sustancial del escrito de Don Antonio Gallego. Quizás, no nos vendría mal, a todos, el aprender de sus palabras y reflexiones.

     Recuperar la Memoria Histórica, recuperar nuestra memoria, también es recuperar nuestra República, con sus aciertos y con sus errores.

NOTAS

(1) Apuntes Históricos y de nuestro Patrimonio 2003. Don Antonio Gallego Visglerio, Alcalde Republicano de Alcalá de los Gazules. Fusilado en Julio de 1936. J. Carlos Perales Pizarro.

(2) Archivo Histórico Municipal de Alcalá de los Gazules. Expedientes varios.

(3) Mantengo el anonimato de la persona referenciada.

Puntualizaciones al artículo “Las elecciones de Febrero de 1936 en Alcalá de los Gazules y el nuevo Ayuntamiento Frentepopulista”

Ismael Almagro Montes de Oca 

      En la Revista de Apuntes Históricos y de Nuestro Patrimonio 2019 aparecía publicado el artículo “Las elecciones de Febrero de 1936 en Alcalá de los Gazules y el nuevo Ayuntamiento Frentepopulista”, escrito por Juan Pedro Romero Benítez, en el cual se ofrece, desde mi punto de vista, una visión sesgada de los acontecimientos, cargándose las tintas sobre el Corporación del Frente Popular, y en especial sobre su alcalde, Antonio Gallego Visglerio, al que se le atribuyen decisiones controvertidas que, sin embargo, se deben a órdenes superiores. Si se analizan una serie de hechos sin relacionarlos con las circunstancias en que se producen y que lo rodean, corremos el riesgo de interpretarlos erróneamente. A la luz de los documentos estudiados, creo necesario hacer una revisión del mismo para aclarar ciertos aspectos, en aras de ofrecer un conocimiento más exacto de cómo se desarrollaron los acontecimientos en los estertores de la 2ª República en nuestra localidad. 

      En primer lugar, se habla de depuración de los cargos públicos anteriores a la Corporación del Frente Popular. Es cierto que se produjo depuración de cargos, pero si esta depuración la vemos como un hecho aislado, tal como sucede en el artículo, podríamos pensar que efectivamente dicho Ayuntamiento actuó por venganza, pero debemos tener presente que esta práctica fue norma habitual desde antiguo, no sólo en los cambios de Régimen político, sino también en los cambios en la alcaldía, y así, tras la llegada de un nuevo alcalde al Ayuntamiento, todos los cargos interinos solían ser cesados y reemplazados. Las actas del cabildo alcalaíno desde mediados del siglo XIX así lo corroboran, y con cada cambio de alcaldía eran reemplazados generalmente guardias municipales y de campo, el administrador del Hospital de la Misericordia y los escribientes temporeros. Incluso en la actualidad, cuando se produce un relevo en un organismo público, todos los cargos de confianza suelen ser destituidos. 

      El 29 de febrero de 1936, sólo varios días después de hacerse cargo del Ayuntamiento alcalaíno, los miembros del Frente Popular acuerdan reponer en sus cargos a los cesados por la anterior Corporación por entender que se había cometido una ilegalidad y que dichos despidos y no se ajustaban a derecho, ya que “la Comisión Gestora violando los preceptos de la Constitución y el Decreto de Gobernación de Abril de 1934, había destituido de sus cargos sin previa formación de expediente a determinados empleados interinos, llevando el que menos más de seis meses de interinidad…” [1]

      En definitiva, el Ayuntamiento del Frente Popular no hizo más que reponer en sus cargos a los que fueron nombrados por el primer ayuntamiento republicano en 1931 y que fueron cesados al constituirse el ayuntamiento conservador en 1934, al entender que dichos despidos no se ajustaban a la ley vigente. 

       Del mismo modo, tampoco se puede achacar a la Corporación de izquierdas las detenciones de los hermanos Pedro, Mariano y Julio Toscano Delgado de Mendoza,[2] que sin lugar a dudas guardan relación con el expediente iniciado por el Instituto de Reforma Agraria para expropiarles sus fincas Pagana, Nieto, Poyales, para establecer una colectividad de campesinos, ya que, aunque fueron detenidos el 15 de marzo por la guardia municipal, el primero de ellos fue puesto en libertad al día siguiente por orden del Delegado del Gobernador y los otros dos fueron conducidos por la Guardia civil a Medina por orden del mismo Delegado el día 18 de marzo. [3]

      En el mismo artículo se insinúa que la Corporación municipal frentepopulista inició una represión contra la Falange, encarcelando a algunos de sus dirigentes, pero nada más lejos de la realidad, pues no existió tal persecución, ya que las detenciones, además de ser un hecho puntual pues no consta la detención de más falangistas, no fueron ordenadas por el alcalde. El jefe local de la Falange, Miguel Blanco Sánchez, y el afiliado Francisco Casas Mansilla fueron detenidos el 17 de abril, ingresando en el depósito municipal a las 2 de la tarde, seguramente por reunión ilícita. Recordemos que Falange había sido declarada ilegal el 14 de marzo. Estas detenciones no pueden achacarse a la Corporación ya que no fueron apresados por la guardia municipal sino por la Guardia civil, que los pone a disposición del gobernador y es precisamente el alcalde accidental, Andrés Jobacho, quien los saca del calabozo al día siguiente para entregárselos de nuevo a la Guardia civil. 

      Sostiene también Romero Benítez que las destituciones de los guardias municipales se debieron a motivos ideológicos, pero debemos tener en cuenta lo expuesto anteriormente sobre la depuración de cargos, puesto que algunos de ellos eran interinos y no tenían plaza fija. Baste recordar que el 9 de octubre de 1934 era cesado el Ayuntamiento y nombrada una gestora en su lugar, formada por integrantes de partidos conservadores, siendo nombrado alcalde Pedro Díaz Montes de Oca y tan solo cuatro días más tarde, el nuevo alcalde destituye al cabo interino Cristóbal Piña Ramos y al guardia municipal, también interino, Pedro Fernández Camacho, nombrándose en su lugar a Pedro Camacho Jiménez y Francisco Reyes Quirós. [4]

       En cuanto a los casos de los guardias Juan Sánchez Mañé y Manuel Fernández Benítez, según el mismo autor, dimitieron porque el alcalde, Antonio Gallego, les obligó y si bien es cierto que hubo cierta oposición entre los concejales a la destitución de ambos, tal como ser menciona en el artículo, también lo es que esa oposición fue debida a que ambos empleados eran “republicanos de abolengo”. Y tanto que lo eran, pues que sepamos, al menos Juan Sánchez Mañé debe ser el mismo viejo militante socialista alcalaíno que llegó a ser presidente del Partido Socialista en Alcalá en 1908. [5]

      Lo cierto es que ambos guardias presentaron su dimisión por motivos económicos, firmando un escrito contra el Ayuntamiento para que se les abonase el dinero que se les adeudaba. El alcalde, al que evidentemente no debió agradar que unos empleados se rebelaran contra él, aprovechó la ocasión y haciendo suyo el refrán “a enemigo que huye, puente de plata”, aceptó gustosamente las dimisiones, por muy republicanos que éstos fueran. 

      Pero veamos la secuencia completa de acontecimientos donde queda meridianamente claro el motivo de las dimisiones. 

      En la sesión del 16 de mayo de 1936, el alcalde expuso lo siguiente: 

“El Sr. Alcalde da cuenta al Ayuntamiento de las dimisiones presentadas por D. Juan Sánchez Mañé según oficio que a él le dirige como Presidente de la Corporación y de D. Manuel Fernández Benítez que verbalmente así lo hizo dejando de prestar servicios voluntariamente y entregando su uniforme, como prueba de ello, de los cargos que desempeñaban de Guardia Municipal. El Sr. Sandoval hace constar, que no está de acuerdo con las dimisiones presentadas por los señores Sánchez Mañé y Fernández Benítez, suponiendo esto una represalia de la Presidencia-Alcaldía, por haber firmado los referidos un escrito dirigido al Delegado de Hacienda solicitando se les abonara los haberes que el Ayuntamiento les adeuda haciendo constar también que estos dos empleados son republicanos de abolengo como en diferentes ocasiones lo han demostrado y solicitando de la Alcaldía-Presidencia que cuanto ha manifestado, así conste en acta. 

El Sr. Jobacho dice, que cree es facultad de la Alcaldía el nombramiento y separación de los Guardias municipales (se ausenta de Sala) 

El Sr. Ortega de la Corte hace constar que tampoco está de acuerdo con las dimisiones presentadas por los mencionados Sánchez y Fernández y dice también que se han hecho nombramientos a favor de individuos que no se lo merecen. 

      El Sr. Presidente contesta al Sr. Sandoval diciéndole que de ninguna manera se trata de represalia personal ya que el Sr. Sánchez Mañé le presentó la dimisión del cargo que ocupaba por escrito y el Sr. Fernández Benítez verbalmente, demostrándose esto último, ya que entregó su uniforme y no se presentó, como estaba obligado, a prestar el servicio propio de su cargo.” [7]

      Por tanto, en ambos casos, no se puede hablar de destitución sino de dimisión, descartándose los motivos ideológicos, como se pretende hacer pensar. 

      Es más, el propio Sánchez Mañé, posteriormente reconoce su dimisión y solicita la reposición en su cargo y que se deje “sin efecto el escrito de renuncia firmado por el exponente con fecha 30 de abril pasado” [7]

     Si parece ser cierta la afirmación hecha en el artículo referido de que a los guardias se les obligó a firmar las dimisiones, pero no por el alcalde sino por otra persona, como deja claro el concejal Jobacho: “se han prestado a la voluntad de persona empleada de este Ayuntamiento, contraria a todas las Corporaciones de izquierdas, aquí constituidas, sin previa súplica ni aviso” 

      ¿A quien se refiere Jobacho? Posiblemente al jefe de los municipales, José Tizón Jiménez, que es otro del que se dice en el artículo, que junto con el cabo Miguel Soto Tizón, fueron destituidos por motivos ideológicos por el Frente Popular. 

       Es cierto que existió una confrontación desde el inicio de la 2ª República entre los dirigentes de izquierdas  y ambos, principalmente con José Tizón, puesto que habían hecho manifestaciones contrarias al nuevo Régimen en repetidas ocasiones, e incluso el jefe de la guardia municipal ya fue apartado de su cargo el 14 de abril de 1932, por un decreto del alcalde José Sandoval Moreno [8] aunque tras entablar un pleito contencioso-administrativo, fue repuesto a mediados de 1933 por despido improcedente. 

      Miguel Soto Tizón entró como guardia municipal el 1 de abril de 1923[9] pasando a ejercer el cargo de Cabo de forma interina el 29 de octubre de 1934, al ser nombrado por el ayuntamiento de derechas que había tomado posesión días antes, tras destituir al que lo era hasta entonces, Cristóbal Piña Ramos,[10] mientras que José Tizón Jiménez entró de jefe de la guardia municipal el 28 de agosto de 1919.[11]

       Sin embargo, no podemos hablar de destitución de ambos municipales en 1936 porque realmente no fueron destituidos sino suspendidos de empleo y sueldo, por decreto del alcalde Antonio Gallego fechado el 13 de abril: 

“Se da cuenta por la Alcaldía de haber decretado la suspensión de empleo y sueldo de D. José Tizón Jimenez y D. Miguel Soto Tizon, empleados municipales, en virtud de denuncias formuladas contra ellos y de haber ordenado la instrucción del oportuno expediente, quedando enterada la Corporación municipal, haciendo suyo en todas sus partes el decreto de la Alcaldía Presidencia, y designándose Juez Instructor del mismo al Sr. Concejal D. Domingo Ortega de la Corte, cuyo expediente una vez concluso, someterá con su propuesta a la deliberación de este Ayuntamiento.”[12]

      Tres días después de ser suspendido, José Tizón es detenido junto a los dos falangistas más arriba mencionados y al día el día 19 siguiente lo es Miguel Soto Tizón, siendo ambos entregados el día 18 a la Guardia civil. 

      Efectivamente se inicia un expediente contra ambos empleados municipales en virtud a las denuncias presentadas. 

      Pasado un mes desde la suspensión, al acabar el plazo legal para que tuviera validez dicha suspensión, José Tizón solicitó el cese de la suspensión de su cargo, llegando a decir el concejal Domingo Ortega de la Corte, que había sido nombrado Juez instructor, renunciando a dicho cargo por sus ocupaciones “que si se accede por el Ayuntamiento a su reposición, él dimite el cargo de Concejal.”[13]

      Según Romero Benítez, en esta sesión del 30 de mayo se presenta un escrito donde 130 vecinos piden que se acuerde la reposición de los empleados públicos, pero resulta que es todo lo contrario, los vecinos piden que NO se repongan. En favor de Romero hay que aclarar, que el texto del acta resulta ambiguo y puede inducir a error: 

“Se ordena por la Presidencia, se dé lectura por mi a escrito que le han entregado y que presenta, firmado por unos ciento treinta vecinos, en el que protestan se acuerde por la Corporación Municipal la reposición de los empleados de orden público que hoy están suspensos de empleo y sueldo por las razones que expresan.” 

       Por suerte, se conserva en el Archivo Municipal el escrito íntegro, con las firmas de 126 vecinos contrarios a la reposición de estos municipales: 

“Protesta que los becinos de Alcalá de los Gazules, Presentaron A las autoridades y al Frente Popular de la Provincia Contra el Acuerdo de este Ayuntamiento de reponer en sus puestos A los empleados de Orden Publico, que en la actualidad se hallan suspensos de Empleo y sueldo por reconocer en dichos empleados ser Elementos Facistas y hacer manifestaciones en contra del régimen y sus representantes. Alcalá de los Gazules a veintinueve de Mayo de_ _ _ _ _ _ _ 1936 

Miguel Gómez	María Sevilla
Josefa Jiménez	Antonio Gómez
Juan Castilla	Antonia Grasia
Josefa Castilla	Gabriel Cañamaque
Ana Sevilla	Sebastián Armario
Antonia Prieto	Antonio Coronado
Juan Ortega	Manuela Fernández
Josefa Sánchez	Juan Rio
Francisca Ramos	Antonia Andrades
Pepa Ríos	Luisa Camacho
María Camacho	Rosalía Camacho
José Camacho	Rafaela Muñoz
Ramón Camacho	Diego Camacho
María Torre	María Sánchez
Ana Sánchez	Juan Mariscal
Miguel Fernández	Juana Richarte
Ángeles Salcedo	Francisco Salcedo
Teresa Vallecillo	Antonio Gallego
Rafaela Nieto	José Salcedo
Juan Sánchez	María Huerta
Catalina Rubio	Fernando Monroy
Francisco Gallego	Catalina Cordón
María Cabeza	Antonia Rodríguez
Alfonso Monroy	Consuelo Salcedo Gil
Juan M. Salcedo	Manuel Fernández
Andrés Prieto	Antonio Mancera
Franco Pereira	José Collante
Victorio Coronado	Catalina Mota
Antonio Domínguez	Rafael Salcedo Carrasco
Rafael Vera	Juan (ilegible)
Cristobalina Nava	Jorge Fernández
Ildefonso Moreno	Trinidad Hidalgo
Antonio Marchante	Juan Valle
Francisco Puerta	Manuel Rio
Francisco López	José Salado
Juan Pizarro	Antonio Sánchez Puerta
Andrés Sevilla	Juan Vallecillo
Pedro Rodríguez	Roque Alconchel
Juan Fernández	Gabriel Almagro
Antonio Molina	Francisco Reyes
José Manzano	Diego Mensian
Juan García	Antonio Montes de Oca
Cristóbal Galán	Cristóbal Reyes
José Fernández	José Sánchez
Juan Sánchez	Jose Cerejido
(ilegible)	Juan García
Juan Domínguez	Franco Fernández
Alfonso Domínguez	José Herrera
Manuel Lorente	José Herrera
Leandro Domínguez	Franco Herrera
Francisco López	José Macias
Diego Mateo	Francisca (¿Lelpe?)
Franco Yuste	Salvador Sevilla
José Molero	José Martín
Juan Jiménez	Juan Vera
Diego Acedo	Manuel Vera
José García	María Vera
Antonio Tizón	Francisco Tizón
José Sánchez	José Martín
Gaspar Ramírez	Tomás García
Francisco Gómez	Maria (ilegible)
Francisca Corrales	Josefa Gómez
José Castellet	Francisca Gómez

[14]

      El 6 de junio, tras recibir oficio del Gobernador civil, la Corporación acuerda la reposición de ambos empleados en sus cargos [15] pero días más tarde se vuelve a presentar denuncia por parte de varios vecinos contra ambos empleados, por lo que nuevamente el alcalde decreta suspensión de empleo y sueldo y el inicio de un nuevo expediente, designándose juez instructor al 2º teniente de alcalde Andrés Jobacho Benítez.[16]

      En el citado expediente constan las declaraciones de las personas que presentaron la denuncia: Salvador González García (Parrita), Juan Sánchez Ramos, Antonio Sánchez Puertas, Félix Fernández Andrades, Juan López Mateo, Sebastián Poley Nieto y Manuel Crespo Gutiérrez. 

      En la sesión del 11 de julio, el juez instructor presentó los cargos contra ambos. El golpe militar evitó que se dictara resolución. Por tanto, nunca fueron despedidos por el Frente Popular.

     En el pliego de descargos, José Tizón Jiménez alegaría que las acusaciones eran falsas y que no pertenecía a ningún partido fascista y que “los denunciantes… basados en hechos que inventan, dicen que soy contrario al Régimen y a sus hombres” [17] cuando en realidad mentía, porque aparece como socio nº 42 de Falange en Alcalá ingresando en dicha organización el 24 de marzo de 1936, junto a Miguel Soto Tizón, casi un mes antes de ser detenido junto a los falangistas citados.

     Casualidades, o no, en este expediente aparecen los nombres de muchos de los que, en los días siguientes al golpe de Estado, serían asesinados o represaliados: José Sandoval, Antonio Gallego, Domingo Ortega, Andrés Jobacho, Salvador García (Parrita), Josefa Jiménez, Miguel Gómez, Fernando Monroy, Rafael Vera, etc. 

      Curiosamente, ambos empleados falangistas serían expulsados apenas un año después, por sus mismos correligionarios. Miguel Soto Tizón fue sancionado varias veces durante el año siguiente por faltas cometidas en el desempeño de sus funciones y en 1938 se le abrió un expediente para despedirlo que finalmente no se ejecutó.[18] José Tizón Jiménez, terminó siendo expulsado tras el expediente abierto a raíz de un enfrentamiento que tuvo el 4 de octubre de 1937 con el alcalde: 

“los hechos acaecidos demuestran que el suspenso es un indisciplinado, no extrañándole el que de tal manera se comporte toda vez que según los informes que tiene recogidos fue expulsado de la Guardia Civil por otro rasgo igual al que motiva la suspensión en este cargo, hecho acaecido estando el Tizón prestando sus servicios como tal Guardia en el Puesto de Tarifa y por haber desobedecido al Capitán de aquel Instituto en las ordenes que le dio y a mas de ello mostrarse ante aquella autoridad de una manera provocativa y en pugna con el respeto y disciplinas debidas; de estos antecedentes se infiere que el procederse cual lo hizo en esta ocasión no es nuevo en dicho señor sino mas bien conducta y temperamento. No es ya solo cuanto se consigna en el decreto de suspensión lo que ha motivado esta medida sino que hubo por parte del suspenso un propósito claro y decidido de agredirle cual lo demuestra la actitud provocativa que adoptó así como el hecho intemperante de atreverse a pedirle explicaciones sobre el resultado de un expediente que se le tramitaba, y ante dicha agresión injustificada y para su defensa hubo de dar repetidos golpes en la mesa de la Alcaldía llamando al propio tiempo la atención de los funcionarios que por aquel entonces se encontraban en las Oficinas Municipales para que intervinieran en el incidente toda vez que se encontró completamente y cual se dice vulgarmente acorralado.” [19]

     Para terminar, considero poco riguroso sembrar dudas sobre la persona de Antonio Gallego Visglerio, diciendo que “casualmente” estaba fuera de Alcalá cuando estalló el golpe, como si hubiera huido, nada más lejos de la realidad, puesto que estaba de viaje oficial programado con antelación. A pesar de las circunstancias, volvió a Alcalá el día 25 y fue detenido precisamente por el jefe de la Guardia municipal José Tizón Jiménez a las 7,30 de la tarde. Cuatro horas y media más tarde le darían su último viaje...

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NOTAS

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Las elecciones de febrero de 1936 en Alcalá de los Gazules y el nuevo Ayuntamiento frentepopulista

Artículo publicado en la Revista de Apuntes Históricos y de nuestro Patrimonio 2019

Juan Pedro Romero Benítez 

     En este trabajo de investigación se han utilizado algunos datos publicados en otras ediciones del libro de Apuntes históricos y de nuestro patrimonio, y se han aportado nuevos datos obtenidos del rico patrimonio documental que tenemos en el Archivo Municipal de Alcalá de los Gazules. Es nuestra historia, la de todos. Que no quede en el olvido. En España, el tránsito del año 1935 al 1936 estuvo marcado por un gobierno de coalición radical-cedista que entra en crisis por el famoso escándalo del “estraperlo”. 

      El año 1935 se caracterizó por la baja conflictividad social, debido a la persecución de los partidos obreros, fruto de la represión ejercida por el gobierno a raíz de la “revolución de Asturias” de principios de octubre de 1934. Las derechas conservadoras lideradas por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de Gil Robles, incrementaban cada día más el control que ejercían sobre los aparatos del Estado[1]. 

     Con la entrada del año 1936, se acercaba el final de la II República. La crisis abierta dentro del Partido Radical Republicano con el escándalo del“estraperlo” desembocó en la convocatoria de nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936, al negarse el Presidente de la República a que el líder de la CEDA pudiera formar un nuevo gobierno. La tarea la asume el político “centrista” Manuel Portela Valladares con la expresa condición de ir a un nuevo proceso electoral. Nos encontramos ante unas elecciones muy polarizadas. Por un lado, los principales partidos de izquierda formaron una coalición electoral llamada Frente Popular y por otro las derechas se presentaban bajo el nombre de Frente Antirrevolucionario. Estas últimas tenían gran confianza en ganar dichos comicios, ya que entre sus pronósticos no contaban con el voto masivo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) a favor del Frente Popular, que en las elecciones de 1933 se habían abstenido. 

      En nuestra provincia, la represión ejercida por el gobernador civil Luis de Armiñán contra los partidos de izquierdas favoreció la unión de sus militantes de cara a los comicios. El Frente Popular tenía a su máximo exponente en Manuel Muñoz Martínez, procedente de la Izquierda Republicana (IR). El Frente Antirrevolucionario presentaría a Ramón de Carranza, proveniente del partido Renovación Española, como principal figura de su coalición[2]. 

      Los resultados electorales dieron, a nivel nacional, la mayoría de votos al Frente Popular, al igual que en la provincia de Cádiz. El triunfo del Frente Popular se produce, contra todo pronóstico, en la mayoría de las poblaciones de la provincia, ganando con una diferencia notoria frente a una derecha en teórica decadencia. A partir de ese momento se nombran nuevos gobernadores civiles, acordes a los resultados obtenidos, siendo nombrado por Cádiz José Montañés Serena, como nuevo gobernador civil de la provincia. 

      En Alcalá, los partidos políticos locales comenzaron su particular periplo hacia las elecciones, apareciendo en los meses finales de 1935 una agrupación de Unión Republicana, que estuvo presente en la inauguración de su sede en la capital de la provincia (CARO CANCELA, Diego. Op. Cit. p. 229). En el mes de febrero las agrupaciones locales se reunían en sus respectivas sedes para debatir los temas electorales. La propaganda política de los diferentes partidos calaba en los habitantes del pueblo a través de mítines. Los de izquierdas comenzaron a hacerse notar: la Unión Republicana organizó un mitin el 8 de febrero y el Frente Popular el día 13 de febrero. No se ha encontrado constancia de mítines de la coalición antirrevolucionaria[3]. 

      Los datos de las elecciones del 16 de febrero de 1936 en esta localidad fueron los siguientes: 

ELECCIONES GENERALES DE FEBRERO DE 1936 

Resultados 

      La población alcalaína censada en aquella fecha rondaba los 9.670 habitantes, de los cuales 6.523 eran considerados electores. En las elecciones votaron 1.851 personas, de ahí que podamos decir que el porcentaje de participación fue bajo; sólo el 28,3% de la población acudió a las urnas. Hay un gran abstencionismo en la población[4]. 

      A partir de ahí, en el análisis de los resultados se observa que el mayor número de votos fue dirigido al Frente Popular de Izquierdas. El Frente Antirrevolucionario obtuvo menos respaldo. Muy minoritario fue el apoyo a la Falange, con solo 33 votos. Curiosamente, días antes de la celebración de estas elecciones, José Antonio Primo de Rivera fue a dar una charla a Alcalá. Estaba programada en el local denominado “Gazul Cinema”, pero quedó prohibido su acto por orden expresa del Gobierno Civil[5]. Aun así, el líder de la Falange dirigió unas palabras a un círculo íntimo de afectos en la sede del llamado “Círculo Independiente”, con autorización del alcalde Gabriel Mariscal, que días después sería destituido[6]. 

El nuevo Ayuntamiento del Frente Popular 

     El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936 fue la llave para que la Corporación municipal, elegida en 1931, volviera a la vida política. De esta manera, Antonio Gallego volvió a ocupar el cargo de alcalde, como reflejan las actas capitulares del día 21 de febrero. 

      El 20 de febrero el gobernador civil de la provincia, envía un telegrama al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules para que se configure la nueva Corporación municipal, en base a los resultados obtenidos en las recientes elecciones. Al día siguiente se celebra una sesión extraordinaria en la que, de forma inmediata, se anula el cabildo municipal nombrado por el gobernador civil anterior, en octubre de 1935. Gabriel Mariscal Recio dejó de ocupar su cargo haciendo entrega del “bastón insignia” a Antonio Gallego Visglerio, que lo sustituyó en sus funciones. 

     Seguidamente, se configuró la nueva Corporación municipal, cuyos componentes serían los siguientes[7]:

     En cuanto a los principales problemas que tuvo que abordar el Ayuntamiento en ese año, se podrían resaltar: 

- Gestión del gran paro obrero. 

- Acometida del agua en la población. Este fue uno de los proyectos de mayor envergadura que trabajó la Corporación, liderada por Antonio Gallego. 

- Las cuestiones educativas estuvieron también entre las preocupaciones de esta Corporación, al unísono del ideal republicano. 

- Se comenzaron las obras del segundo tramo de la carretera Alcalá-Jimena, para lo que el Ayuntamiento tuvo que gestionar un préstamo[9]. 

      Estos y otros tantos temas fueron expuestos y abordados por Antonio Gallego en la reunión que tuvo lugar en la Diputación Provincial de Cádiz el día 12 de julio, en lo que se llamó “Asamblea Magna de Alcaldes”, organizada por el alcalde de Medina Sidonia, el maestro Ángel Ruiz Enciso. Fue una asamblea que congregó a todos los alcaldes de la provincia de Cádiz, los cuales expusieron los problemas patentes en sus respectivas localidades. Posteriormente se elegirían los proyectos más importantes, enviándose a Madrid a través de una comisión para tratar estos asuntos con el mismísimo gobierno de la Nación. Esta asamblea fue un claro ejemplo de unión entre los diferentes ayuntamientos de la provincia. Ejemplo de cohesión y democracia[10]. 

      En Alcalá de los Gazules, mientras tanto, constituida la nueva Corporación del Frente Popular, poco a poco se irían adoptando decisiones que, en determinados momentos, crearían tensiones, fundamentalmente aquellas que estaban relacionadas con destituciones de cargos públicos al servicio del gobierno anterior. La lectura de las actas municipales arroja, desde finales del mes de marzo, un claro testimonio de conflictividad política, no solo por esas decisiones, sino también por las discrepancias entre los concejales[11]. 

     En la mayoría de los casos, las decisiones tenían un objetivo claro: la depuración de los cargos públicos anteriores a esta Corporación. Los afectados reclamaban contra dicha decisión a través de un recurso de reposición que no solía prosperar. La primera prueba que encontramos, pocos días después de entrar el nuevo gobierno, fue la destitución del encargado de la custodia de los Montes Propios y la del administrador del Hospital de Misericordia y del Cementerio[12]. 

      Muy significativo es el caso de la Guardia Municipal. Entre los meses de febrero y mayo, se destituyeron de su cargo a siete empleados municipales. Las razones de dichos ceses tenían un fondo ideológico, ya que estos empleados formaban parte de la Corporación municipal antes de ganar las elecciones el Frente Popular.

      Analizando las actas capitulares tenemos dos casos por manifestaciones hostiles contra el régimen republicano, otros dos casos por denuncias que no se detallan, un caso de destitución por pertenecer al período del gobierno anterior, ya que no se han encontrado alegaciones más concretas al respecto[13] y por último, tenemos dos casos por ceses[14] impuestos por el alcalde. Todos ellos pertenecieron al gobierno formado el 28 de octubre de 1935. En definitiva, la Corporación municipal decidió, de una forma u otra, depurar estos cargos. Asimismo, se inició la búsqueda y fueron encarcelados algunos miembros destacados de la Falange y, en el transcurso de estos meses, cabe destacar las detenciones de los falangistas Miguel Blanco Sánchez (jefe local de Falange Española en Alcalá), Francisco Casas Mansilla y Manuel de La Corte Sánchez. 

      Otras cuestiones importantes que se tratarían en la Corporación municipal de estos meses fueron las siguientes[15]: 

- 9 de marzo. Telegrama del Gobernador Civil para que se monte un servicio de vigilancia en la entrada de la población para “elementos extraños”. 

- 15 de marzo. Telegrama del Gobernador Civil prohibiendo las manifestaciones. 

- 15 de marzo. Detención de los patronos agrícolas Mariano, Julio y Pedro Toscano, hermanos. 

- 18 de marzo. Se acuerda la sustitución del apoderado del Ayuntamiento, Franco Benito por Bernardino Jiménez. 

- 17 de abril. Detención del recientemente destituido jefe de la Guardia Municipal José Tizón Jiménez. 

- 2 de mayo. Detención de José Fernández Montes de Oca, el que sería el primer alcalde golpista meses después. 

- 6 de mayo. Señala los terrenos incautados a los hermanos Toscano por parte del Instituto de Reforma Agraria[16]. 

- 18 de julio. Oficio dirigido al Comandante de Carabineros para que se personara en la Alcaldía para organizar un servicio especial de vigilancia. 

      Parece claro, y no es difícil de imaginar, que la convulsión política y social se estaba gestando a pocos días del fatídico 18 de julio. El ambiente de crispación estaba latente tanto en la Corporación municipal como en la Guardia Municipal y esto se trasladaba en forma de preocupación al resto de habitantes. Aquel día 18, se celebró la última sesión del Ayuntamiento del Frente Popular y, casualmente, el alcalde Antonio Gallego se tuvo que ausentar por un viaje oficial a Sevilla. Esa misma tarde, comienzan a perpetrarse los macabros hechos del golpe de Estado. 

NOTAS

[1] Escándalo que se produjo cuando dos aventureros –Strauss y Perl- quisieron introducir en España un juego de ruleta, que estaba prohibido, sobornando a destacados dirigentes del Partido Radical. Sobre este escándalo de corrupción política: RUIZ MANJÓN, Octavio. El partido Republicano Radical (1908-1936), Madrid, Tebas, pp. 501-528. 

[2] La coalición de derechas estaba formada por: Comunión Tradicionalista, Renovación Española, Acción Popular y grupos derechistas independientes. La coalición de izquierdas estaba formada por Unión Republicana, Izquierda Republicana, PSOE, Partido Sindicalista y Partido Comunista Español. En CARO CANCELA, Diego.La Segunda República en Cádiz. Elecciones y Partidos políticos , Diputación de Cádiz, 1987, p. 235. 

[3] AMAG. Libro 142. Registro de Entrada de Documentos. 

[4] El último documento con un número exacto de habitantes que se ha podido encontrar en el AMAG tiene fecha del 26 de noviembre de 1935. Aproximadamente tres meses antes de las elecciones generales. 

[5] AMAG. Legajo 791. Diarios de la Falange. 

[6] El mitin electoral se solicitó por parte de Miguel Blanco Sánchez, para el día 8 de febrero a las 7 de la tarde. El lugar de dicho acto pasó del “Gazul Cinema” al “Círculo Independiente”, siendo este último la primera sede “no oficial” de la Falange en Alcalá de los Gazules. AMAG. Libro 142. Registro de Entrada de Documentos. 

[7] Un total de dieciséis miembros formaban parte del nuevo gobierno. Dos de ellos no asistieron a la sesión extraordinaria del día 21 de febrero de 1936 por estar enfermos. Son los casos del Primer Teniente de Alcalde, Sebastián Tizón del Puerto, y el Tercer Teniente de Alcalde, Francisco Domínguez López. 

[8] MORENO TELLO, Santiago. (Coord.) La destrucción de la democracia: vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz. Vol. 1. Consejería de Gobernación y Justicia. Junta de Andalucía, 2011. p. 38 

[9] Dicho préstamo fue concedido el 14 de marzo de 1936 por parte del Ministerio de Hacienda para librar la cuarta parte de 212,625’21 pesetas y así seguir con la construcción del segundo tramo de la carretera. AMAG. Libros 1-55. Actas de Sesiones del Ayuntamiento Pleno (1533-1985). 

[10] MORENO TELLO, Santiago. (Coord.) Op. Cit. p. 41. 

[11] Un caso curioso fue el del 14 de marzo. Se dio lectura a un escrito de la alcaldía de Cádiz “invitando” al Ayuntamiento a que sometiera a revisión el acuerdo adoptado por la Corporación anterior sobre el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad a favor de Luis de Armiñán, antiguo Gobernador Civil. La Corporación quedó en debatir el escrito en próximas sesiones. Finalmente, como era de esperar, Armiñán no fue nombrado como tal. AMAG. Libros 1-55. Actas de sesiones del Ayuntamiento Pleno (1533-1985). 

[12] Fernando Herrera, encargado de los Montes Propios, y Antonio Cobos, supervisor del Hospital de Misericordia y el Cementerio. 

[13] Fueron detenidos a petición expresa de la Alcaldía. AMAG. Libros 235, 957, 948. Registro de detenidos en el depósito carcelario (1844-1974). 

[14] El 16 de mayo se produce una convulsa dimisión de dos Guardias Municipales, hecho que salpicaría directamente al alcalde, Antonio Gallego Visglerio. Hubo concejales que no estaban de acuerdo con estas dimisiones porque entendían que el alcalde les obligó a dimitir. Hicieron constar en acta que estos dos empleados eran “republicanos de abolengo” y que sus dimisiones fueron fruto de una decisión personal del edil. El día 23 de mayo, en otra sesión, algunos concejales confirman que a los guardias “se les obligó a firmar las dimisiones”. Este caso daría mucho que hablar hasta el punto que a final de mayo aparece un escrito firmado por 130 vecinos pidiendo que se acuerde la reposición de los empleados públicos, pero no se llevará a cabo. AMAG. Legajo 64. Registro de Salida de Documentos. Números de orden 529 y 714. 

[15] AMAG. Ibídem. Números de orden 227, 571, 378, 389, 529, 591, 610 y 894. 

[16] Ibídem. Legajo 399. Expedientes Varios de Justicia (1923-1935).