Ismael Almagro Montes de Oca
El reparto de tierras procedentes del proceso de desamortización de bienes de Propios, del Común y Baldíos, que se produjo a partir de la década de los años 30 del siglo XIX, propició un éxodo de población, principalmente de las serranías de Cádiz y Málaga, hacia Alcalá, que vio incrementar paulatinamente su población, pasando de los 5449 habitantes censados en 1838 [1] a los 6053 una década después.[2] Un cuarto de siglo más tarde, la población aumentó prácticamente un 50%, alcanzando los 8827 habitantes en 1876.[3] Este incremento vino a agravar un problema casi endémico, como era la falta de agua para el abastecimiento del núcleo urbano, que desde tiempo inmemorial se surtía casi exclusivamente del agua de los Pozos y de la fuente de la Salada.
En junio de 1875, debido a la escasez de los manantiales por falta de lluvias y al deterioro de las cañerías de los Pozos, la situación empeoró hasta el punto de que “se disputaba hasta con violencia su aprovechamiento” y ante las quejas del vecindario, el alcalde ordenó al Maestro de obras municipal que hiciese las reparaciones necesarias en dichas instalaciones “y la rehabilitación de las fuentes obstruidas por la incuria de anteriores administraciones o porque no se haya hecho preciso como hoy el aprovechamiento de sus aguas aun cuando se supongan de poco caudal”, prescindiendo de las formalidades de subasta de las obras “por no prestarse a ella la urgentísima necesidad del servicio de que se trata”. [4]
En esta situación angustiosa, apareció la figura salvadora de Pedro Montes de Oca Atienza, empresario muy perspicaz para los negocios, que vio en aquella necesidad una oportunidad y planteó la traída de aguas potables desde Los Regajales. Para conseguirlo, debía superar un escollo importante: conseguir la concesión de aquellas aguas, pues no eran de su propiedad y además estaban en terreno privado.
Según la Ley de Aguas, promulgada en 1866, eran públicas las aguas continuas o discontinuas de manantiales y arroyos que corren por sus cauces naturales,[5] como era el caso, y se podía conceder su aprovechamiento para casos puntuales, especialmente para el abastecimiento de poblaciones.[6] Dicha ley, otorgaba la facultad de conceder este aprovechamiento al Gobernador civil,[7] quien además debía autorizar los estudios de todo aprovechamiento de aguas marítimas o terrestres.[8] Esto explica que nada conste en las actas del ayuntamiento, por no ser competencia municipal, hasta que, una vez que Pedro Montes de Oca presentó su proyecto al Gobernador, éste pidió el 15 de septiembre un informe a la Corporación sobre la utilidad pública del mismo. Este proyecto, llegó como agua de mayo para los regidores, pues pensaban que podría resolver definitivamente el problema del abastecimiento de aguas, por lo que, sin dudarlo y por unanimidad, acordaron:
“Hacer presente al Ecsmo. Sr. Gobernador de la provincia, que la obra proyectada es en esta Villa además de su reconocida utilidad publica es de urgentísima necesidad en atención a la escaces de aguas potables que viene experimentando su vecindario de hace muchos años y especial y señaladamente en el actual; sufriendo por consecuencia de ella los perjuicios de los exorbitantes precios a que se ha elevado la carga de veinte y ocho litros por efecto de las distancias a los puntos en donde por razon de la situación topográfica del termino ha sido forzoso reunir para un escaso abastecimiento de dho liquido: Que siendo publico el proyecto de que se trata, está en la opinión general de estos vecinos las grandísimas ventajas que han de reportar de llevarse acabo, por ser el único medio de que termine la ansiedad y los apuros propios a la falta de agua, tan indispensable para poder subsistir, no hallando el Ayuntamiento en su realización ningún inconveniente por ser útil bajo todos conceptos y por cuya mejora se encuentra interesada la población, fundamentos pr los cuales no considera el Cuerpo Capitular haya ningún agraviado que por la declaración de utilidad publica del proyecto pueda incurrir en alzada ante la Superior Autoridad de su Exelencia=” [9]
Poco tiempo antes, a finales de julio, el Gobernador civil, Santiago Luis Dupui, inició un expediente para la enajenación forzosa de las propiedades particulares que atravesaba el proyecto. Los propietarios afectados eran Melchor Román de la Jara, José Carrillo Camacho, Cristóbal Carrillo Camacho, Ana Ortega Salas, Nicolás de Salas Camacho y los herederos de Fernando del Canto Collantes “propietarios de la Huerta de los Regajales, donde nace el manantial.” [10]
No debió de haber ninguna alegación, puesto que, en los meses siguientes, Pedro Montes de Oca encargó a Salvador Cerón, ingeniero de Montes, la redacción de la memoria, planos y presupuesto,[11] que fueron aprobados por el Gobernador con anterioridad al 1 de octubre de 1876, fecha en que Montes de Oca, ya como concesionario de las aguas potables de Los Regajales, pidió al ayuntamiento la cesión de las aguas de dos manantiales cercanos, en terrenos de Hernán Martín, para aumentar el caudal, y asimismo, que su empresa quedase exceptuada de pagar impuestos, accediendo los regidores “atendiendo a los inmensos beneficios que reportará esta Población con la traída de aguas de que hoy carece hasta para los usos indispensables de la vida, se estaba en el caso de conceder como en efecto concedía a semejante empresa la libertad de todo impuesto Municipal a fin de que se realize lo que por espacio de muchos años biene anhelando este vecindario sin resultado alguno; e igualmente se le concede a dicho concesionario el derecho de reunir las aguas de los manantiales Cañuelo y Cierva con el de los Regajales a los usos propuestos, sin perjuicio de la aprobación que deberá obtener del Ecsmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia toda vez que no se sigue perjuicio alguno con esta concecion.” [12]
Pedro Montes de Oca encargó la dirección al ingeniero hidráulico de Jerez Guillermo Cooke, [13] que hizo los pedidos de los tubos de hierro a una fábrica londinense, los cuales llegaron al muelle gaditano a mediados de febrero del año siguiente. [14] Sin embargo, los tubos no comenzaron a llegar a Alcalá hasta el mes de mayo, iniciándose las obras a un ritmo vertiginoso, ya que a primeros de julio ya se encontraban colocados dos tercios de los mismos y se estaban construyendo dos puentes, por lo que hubo gran demanda de mano de obra en la localidad. [15]
A primeros de agosto, la obra se encontraba concluida y, tras el reconocimiento facultativo realizado por el ayudante de ingenieros José Galán Caballero, por orden del jefe provincial, el día 12 tubo lugar a las cuatro de la mañana la prueba de la traída de aguas:
“A pesar de lo incómodo de la hora, asistió el Ayuntamiento y casi todo el pueblo, siendo grande el entusiasmo cuando se vieron correr las deseadas aguas, realizándose así uno de los deseos más vehementes de aquellos vecinos.” [16]
La inauguración oficial tuvo lugar el 9 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la festividad de la Patrona, contando con la presencia del Obispo de la Diócesis en la fiesta cívico-religiosa organizada para el evento. [17]
NOTAS
[1] Según datos registrados para un repartimiento en la página 2 del BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ (BOPC) publicado el 24 de abril de 1838, nº 34
[2] Extracto para la ley de reemplazos inserto en la pág. 2 del nº 53 del mismo BOLETÍN, publicado el 3 de mayo de 1848.
[3] BOPC. Edición del 7 de agosto de 1876. Nº 164 pág. 2. Relación de cupos obligatorios que deben satisfacer las localidades por consumos, cereales y sal.
[4] ARCHIVO MUNICIPAL ALCALA GAZULES. (AMAG) Actas Sesiones Ayto. pleno. Legajo 41 (1873-1877) Libro 2. Sesión del 13 de junio de 1875. Folios 80 a 81. Punto 14
[5] Ley de Aguas. CAPÍTULO IV. Del dominio de las aguas vivas, manantiales y corrientes. Artículo 33. Punto 3º. Publicada en la GACETA DE MADRID el martes 7 de agosto de 1866. Año CCV nº 219
[6] Ib. TITULO SEXTO. De las concesiones y aprovechamientos especiales de las aguas públicas. Del aprovechamiento de las aguas públicas para abastecimiento de poblaciones. Art. 207 Punto 1º
[7] Ib. Art. 216. Si las aguas a conceder excedían los 50 litros por segundo, pasaba la facultad al Gobierno.
[8] Ib. Art. 199
[9] AMAG Actas Sesiones Ayto. pleno. Legajo 41 (1873-1877) Libro 2. Sesión del 10 de octubre de 1875 f. 135-137. Pto. 5º.
[10] Publicado en el BOPC, el jueves 29 de julio de 1875 nº 143 pág. 2. Circular nº 277 de la Sección de fomento con fecha de 28 de julio. Es curioso que el Gobernador se base en el art. 3º del Real decreto de 17 de julio de 1830 relativo a la enajenación forzosa de propiedad particular, pues en la Ley de Aguas de 1866, el art. 196 establece que “Respecto de los terrenos de propiedad particular procede según los casos la servidumbre forzosa acordada por el Gobernador, o bien la expropiación acordada por el Gobierno, previo siempre expediente, salvo lo dispuesto en el art. 123”. Este último artículo especifica que la servidumbre forzosa de acueducto se puede construir con cañería o tubería, cuando pudieran las aguas inficionar a otras, o absorber sustancias nocivas o causar daño a obras o edificios.
[11] Mencionado en artículo publicado el 5 de septiembre de 1877 en la pág. 1 de EL COMERCIO. Año XXXV Nº 12301
[12] Ib. Sesión del 1 de octubre de 1876. Folios 111 y 112
[13] Edición del 18 de agosto del periódico EL GUADALETE. PERIÓDICO POLÍTICO Y LITERARIO. Año XXIII Nº 6457 pág. 3
[14] Publicado en la pág. 2 de LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, edición del 14 de febrero de 1877. Año XXVIII Nº 7013
[15] Edición del 10 de julio de 1877 de EL COMERCIO. Año XXXV Número 12244 pág. 2
[16] Noticia publicada en la pág. 3 del periódico EL COMERCIO en su edición el 17 de agosto de 1877. Año XXXV Nº 12282
[17] Varios periódicos recogen la confirmación de la asistencia del Obispo, como publicó EL COMERCIO en su publicación del 24 de agosto. Año XXXV Número 12289 pág. 2
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