Pero no todo fue un camino de rosas para que Pedro Montes de Oca culminara con éxito su proyecto, puesto que los poseedores de la Huerta de los Regajales, Antonio Álvarez Corona, marido de Clara del Canto y Pedro Monti Sosela, de Mercedes del Duque Ponce de León, avecindada en Chiclana, presentaron ante el Gobernador dos exposiciones reclamando el derecho de aprovechamiento de aquellas aguas. Posiblemente, la reclamación estuviera basada en el artículo 125 de la antedicha Ley de Aguas, que especificaba que el dueño de un terreno sobre el que trate de imponerse la servidumbre forzosa podía oponerse “por no ser el que la solicite dueño o concesionario del agua o del terreno en que intente utilizarla”. Esto explicaría que Pedro Montes de Oca, adelantándose a los acontecimientos, adquirió la propiedad de la Huerta justo días antes de inaugurar la explotación comercial, tal como consta en la respuesta que el ayuntamiento dio el 6 de septiembre al escrito del Gobernador sobre dichas reclamaciones, alegando además que éstas estaban ya fuera de plazo:
“Que en cuanto al derecho de los reclamantes esta Municipalidad no puede informar otra cosa según los antecedentes tomados si no es que el D. Pedro Montes de Oca ha adquirido en subasta publica acordada y llevada a cabo por el Juzgado de primera instancia de esta Partido el veinte de Agosto próximo pasado la propiedad de la Huerta de los Regajales a cuya finca parece corresponder las aguas que llevan su nombre, considerando el Cuerpo Capitular por lo ocurrido en este asunto que tanto el D. Antonio Álvarez Corona cuanto el D. Pedro Montes sea el que quiera el derecho que representan sus respectivas consortes deben ejercitarlos en el tribunal de Justicia, toda vez que el cuerpo Capitular no ha hecho mas que cooperar a la realización de una mejora tan útil como veneficiosa a esta Población y que reclamaba el aumento de la misma.” [18]
Salvado este escollo, la traída de aguas potables fue una realidad, alcanzando su artífice la categoría de héroe local, siendo nombrado el 4 de octubre de dicho año hijo adoptivo y benemérito de Alcalá y recibiendo el honor de rotularse como calle de Montes de Oca precisamente la calle que llevaba a los antiguos surtidores de agua, la calle de los Pozos.[19]
Todavía pensó Pedro Montes de Oca ampliar su negocio, llevando las aguas a otras partes del pueblo, con la instalación de diversas fuentes, como consta de la petición que realizó al ayuntamiento el 15 de noviembre:
“se le señale por una comisión del seno de esta Corporación y maestro titular de obras el área suficiente para construir una de las fuentes que tiene proyectadas para abastecer de aguas potables a esta Ciudad y que se ha de denominar de Santa Clara a la entrada de la Calle Cruz del Manchego viniendo de la de Villa arriba el Ayuntamiento acordó acceder a lo que pretende.” [20]
Sin embargo, aquel proyecto que prometía ser la panacea, el fin de los problemas de escasez de agua en Alcalá, pronto se convirtió en una enorme decepción, ya que el elevado precio fijado, convirtió aquel agua en un auténtico artículo de lujo que muy pocos vecinos se podían permitir, lo que obligó a la inmensa mayoría de alcalaínos a seguir acudiendo a los antiguos pozos para abastecerse y, por ende, al ayuntamiento a seguir invirtiendo en el manteamiento y mejora de los mismos. [21]
A partir de aquí, entran en juego una serie de intereses políticos y particulares que enredarán sobremanera el tema del abastecimiento de aguas potables, como iremos viendo.
El 1 de julio de 1879 es nombrado nuevo alcalde Francisco Recio Pedrosa, mientras que Pedro Montes de Oca Atienza obtiene el cargo de regidor 5º, capitaneando a partir de entonces la oposición. Ambos formarán parte activa en los acontecimientos venideros, junto a otro concejal, Camilo Moreno. Estando este último ejerciendo de alcalde accidental, por baja temporal de Recio, en junio de 1880 Pedro Montes de Oca consigue tumbar el nombramiento de un apoderado del Ayuntamiento en Madrid, lo que debió irritar al máximo dirigente del consistorio, que el 25 de julio de ese año, anuló la concesión de propiedad de los terrenos de la Alameda vieja, al final de la calle de los Pozos, que se le había otorgado a este último para construir un lavadero, al expirar el plazo de dos años que se le concedió para ejecutar la obra por no haber realizado absolutamente nada, tal como recogía una de las cláusulas.[22] Acto seguido, en la misma sesión, se requirió a Pedro Montes de Oca, como concesionario, para que reparase los desperfectos ocasionados en las calles por la instalación de las tuberías, instándole a que “ponga en buenas condiciones de paso para los vecinos, el empedrado de las Calles por donde va la tuveria en la parte que la cubra, a fin de evitar las filtraciones que son consiguientes efecto de la presión de aquellas, causa sin duda del lodasal que se forma principalmente en la época de invierno, que entorpecen de un todo el transito." [23]
Como decíamos anteriormente, el vecindario no tuvo más remedio que seguir acudiendo a los antiguos pozos para abastecerse, convirtiéndose en una preocupación constante para el consistorio el mantenimiento y mejora de los mismos, así como buscar medios para aumentar el caudal de agua, lo que llevó al alcalde Francisco Recio a convocar una reunión extraordinaria con los mayores contribuyentes el 18 de agosto de 1880, tras una instancia recibida el día anterior firmada por el ilustre abogado alcalaíno Ildefonso Romero Caballero, denunciando el malísimo estado en que se encontraban los pozos de Arriba, de Enmedio y Abajo, filtrándose las aguas por las cañerías rotas y llenándose de inmundicias, lo que podía originar graves problemas para la salud pública. Consultados los miembros de la Junta de Sanidad, los doctores Don Juan Centeno de los Ríos y Don Francisco Machado Blanco, dictaminaron su urgente reparación.
Y justo cuando los participantes en aquella reunión discutían sobre las medidas a tomar para remediar la situación, pidió la palabra el regidor Pedro Montes de Oca para pedir a la Asamblea la prohibición absoluta de la venta de agua de dichos Pozos “pues la competencia sostenida por los azacanes que se dedican a ella le perjudicaba en gran manera a sus intereses”. Esta propuesta fue rechazada por la mayoría de los presentes, por considerarse “agresiva a los intereses de este vecindario”, alzando su voz Felipe Salas Arriola,[20] periodista alcalaíno republicano progresista, para pedir “que debía a todo trance mejorarse la situación de los Pozos cuyas aguas eran saludables como las que más probándose por su antigüedad que corre con la de esta Población y no obstante la salud pública nunca ha sido atacada de enfermedades que procedan de lo insalubre de este artículo.” Haciendo una crítica velada a la calidad de las aguas de Montes de Oca, a quien rebatió contundentemente su petición:
“la competencia que quería concluir el concesionario de las aguas Don Pedro Montesdeoca podía tener efecto sin perjuicio de los que dedican a la venta de agua de los Pozos siempre que aquel abaratara el articulo hasta el punto de que a estos les fuera indiferente o tal vez beneficioso el tomarla de los grifos de la propiedad de dicho concesionario.”
Finalmente, Salas Arriola propuso a los presentes que “debía procederse al establecimiento de una fuente pública en el centro de esta localidad que recibiera los varios nacimientos del inmediato cerro de Larios que hoy forman los mencionados pozos” proponiendo además que fuera sufragado por particulares, debido a la precaria situación económica del ayuntamiento. Recibió el aplauso general y todos los concurrentes votaron a favor de la proposición, excepto los regidores Pedro Montes de Oca, que lógicamente veía peligrar su negocio, y Antonio Álvarez Pérez. [25]
Tan solo dos días más tarde, se presentó en el consistorio un escrito firmado por multitud de vecinos apoyando la propuesta y pidiendo una reunión extraordinaria para que los vecinos y contribuyentes hiciesen donaciones para financiar aquella empresa. Efectivamente, la reunión tuvo lugar el día 29, nombrándose en la misma una comisión para estudiar la manera de ejecutar esta traída de aguas, que quedó integrada por Camilo Moreno, Teniente 1º de Alcalde, Miguel Caro Sánchez, Teniente 2º, Francisco Moreno Redondo, Síndico, y el Regidor 9º, Rafael Bohórquez Diaz, representando al ayuntamiento y por los contribuyentes asociados Pedro Benítez Álvarez, Melchor Román de la Jara, José Galán Caballero, José Díaz Piñero, Felipe Salas Arriola, José Jiménez Álvarez y Melchor Moreno Pérez. Acordó reunirse la comisión el 5 de septiembre en un local del exconvento de la Victoria, para exponer sus conclusiones.[26] Pasados cuatro días, Francisco Recio dimitió como alcalde alegando problemas de salud, aunque siguió como concejal, sustituyéndole en el cargo Camilo Moreno.
Los trabajos preparatorios para ejecutar la obra continuaron durante la segunda mitad de aquel año, pero, a pesar de que muchos vecinos continuaron haciendo aportaciones, el dinero recaudado no era suficiente, por lo que el alcalde se vio obligado el 9 de enero del año siguiente a pedir a los regidores el apoyo económico por parte del ayuntamiento, como protector de los intereses generales del vecindario.
El regidor Pedro Montes de Oca, mostró su apoyo moral al proyecto, por los beneficios que reportaría, pero negó el apoyo económico, alegando la mala situación de las arcas municipales: “En cuanto al material o sea subvención por el fondo de propios a todos consta su estado precario y los crecidos devitos que sobre el pesan tocando en la imposibilidad poderlo verificar en la actualidad, no oponiéndose esto a que si en otro día desaparecen estas lamentables circunstancias pueda efectuarse.”
Le secundaron en su opinión los regidores Francisco Arroyo, Roque Gallego, José Marchante Guerrero, Rafael Bohórquez, José Camilleri y Antonio Álvarez. Resulta sumamente curioso que, de los 14 regidores que votaron en agosto a favor del proyecto de traída de aguas de los Pozos, en enero, 11 se opusieron a financiarlo, incluido Francisco Recio, que era el alcalde que recogió tal proposición.
Sin embargo, el síndico Francisco Moreno Redondo se mostró a favor de prestar ayuda financiera, alegando que la escasez de recursos del caudal de propios se debía exclusivamente a la falta de ingresos y que no se perjudicaba a las demás obligaciones que debían atenderse. Contó con el apoyo del teniente 1º, Miguel Caro Sánchez y del concejal Manuel del Puerto Gómez.
Finalmente, se acordó por mayoría que “no se verifique pago ni subvención de clase alguna en el entretanto no queden satisfecho los devitos pendientes a la Hacienda y contingente provincial.”[27]
Tras finalizar la sesión y levantarse el acta, un grupo de concejales capitaneados por Pedro Montes de Oca, quisieron forzar al alcalde para tratar otros asuntos, negándose éste, por lo que aquellos, alegando ser mayoría, levantaron un acta ante notario que enviaron al gobernador civil y negándose a firmar el acta de aquella sesión.[28]
Posteriormente, a final de ese mes, el alcalde Camilo Moreno, ante las continuas lluvias que se estaban produciendo y ante la demanda de socorro por parte de la clase de la clase jornalera, utilizó contra sus compañeros de corporación el mismo argumento que tumbó su propuesta para financiar la traída de aguas y los forzó a aprobar un reparto de obreros entre los contribuyentes, ya que los fondos existentes eran para saldar las deudas:
“También expresó dicho señor que los pocos fondos con que contaba esta Ayuntamiento eran tan solo de los que corresponden a la Hacienda de los impuestos de consumos pues de otro modo hubiera atendido a la necesidad presente sin causar molestia a la clase contribuyente agobiada por tanta carga; suplicándoles a todos los Señores presentes escojieran un medio que produzca un buen resultado.” [29]
Dos sesiones más tarde, el 10 de marzo, Camilo Moreno dimitió como alcalde, alegando tener que ausentarse de la localidad problemas de salud de una hija “hasta encontrarle remedio, más bien por la variación de temperatura según le habían aconsejado los facultativos…”. Realizada votación entre los regidores, salió elegido nuevamente alcalde Francisco Recio Pedrosa y, curiosamente, primer teniente de alcalde, Camilo Moreno. [30]
La negativa de los regidores a contribuir aportando fondos [31] fue suplida por la aportación voluntaria de los vecinos, ordenando el alcalde a primeros de mayo que el maestro de obras, Manuel Delgado de la Corte, realizase presupuesto y planos para la traída de agua desde los Pozos [32] y quince días más tarde, se presentase ante los miembros de la comisión, “que tienen establecida su oficina en el atrio de la Yglesia de la Victoria, para que en unión de la misma pase a reconocer los puntos por donde aquellas han de conducirse al sitio mas favorable de esta población…” [33]
Poco después, en julio, se celebraron elecciones, resultando reelegido alcalde Recio y concejal Montes de Oca, pasando varios meses sin que tengamos noticias, pero es seguro que las obras se iniciaron, ya que, a mediados de diciembre, el concejal Rafael Bohórquez informó de la falta de fondos para concluirlas:
“…que como individuo del Ayuntamiento asociado a la comisión de contribuyentes encargada en la obra de traída de aguas de los antiguos Pozos, estaba en el caso de manifestar a petición de los mismos, había falta de fondos para concluir la mencionada obra; y como ya con anterioridad y al proyectarse, el Municipio acordó contribuir a la misma, toda vez que era en veneficio publico y de gran importancia para la Población, pedía que del capitulo presupuestado para este fin y otro análogo se contribuyera en cantidad de seiscientas veinticinco pesetas que se graduaba harían falta para su terminación, acordándose por la corporación estar conforme en un todo y que se abonara tan pronto lo permitiera el estado de fondos.” [34]
De nuevo, Pedro Montes de Oca, se opuso a esta subvención, alegando esta vez “que dicha obra se estaba practicando sin plano ni aprobación del Arquitecto provincial”.
A partir de aquí, no se tienen más noticias sobre este proyecto, por lo que suponemos que quedó definitivamente abandonado por falta de fondos, cuando estaba a punto de terminarse.
Sin embargo, las disputas políticas continuarán algún tiempo más, hasta que Francisco Recio, que había sido reelegido alcalde el 1 de julio de 1883, presentó su dimisión el día 10 alegando motivos de salud.[35] Ese mismo día, Pedro Montes de Oca Atienza es nombrado alcalde.
Montes de Oca se convertirá en un auténtico cacique, utilizando su posición de poder en beneficio propio, lo que provocó continuas quejas por parte de muchos vecinos, que, ante la pasividad de las autoridades, recurrían a la prensa para denunciar las irregularidades que cometía. En el caso que nos ocupa, en enero de 1885, en el periódico LA IBERIA se denunciaba veladamente que desatendía la limpieza de las fuentes y pozos públicos para forzar a la gente a consumir las de su negocio:
“… y además, D. Pedro Montes de Oca es concesionario y abastecedor de las aguas potables de que se surte aquella población; de modo que es juez y parte en todo lo que se refiere á la salubridad y buenas condiciones de las aguas, limpieza de sus depósitos, etc., etc.” [36]
Precisamente días antes, otro periódico, se hacía eco de un telegrama recibido el día 28 afirmando que “Montes de Oca ha cedido al pueblo las aguas potables que venía esplotando.” [37]
Sin embargo, sobre un tema tan importante como que las aguas pasasen a ser de propiedad municipal, nada consta al respecto en las actas capitulares, por lo que debió tratarse de un bulo o un intento de acallar a sus detractores.
El desbarajuste en la Administración municipal en tiempos de Montes de Oca fue tal que, tras enviar a un delegado a inspeccionarla, el Gobernador civil cesó a todos los cargos del ayuntamiento el 10 de septiembre de 1886, nombrando una nueva Corporación, al frente de la cual puso a Antonio Sánchez González.[38]
Tras fracasar este proyecto, se volvió al punto de partida: falta de agua en el pueblo, fuentes deterioradas y continuos esfuerzos del ayuntamiento para repararlas.[39] Esta situación se vio agravada en agosto del año siguiente, cuando el agua se agotó por completo “por hallarse en muy mal estado las fuentes públicas, hasta el extremo de que este mes ha habido días en que ha faltado por completo el agua”. Pero si el estado de conservación de los Pozos, después de varios siglos de existencia, era deplorable, sorprende que las instalaciones de Pedro Montes de Oca, con apenas 10 años de vida, estuvieran en la misma situación, pues no solo de las fuentes dejó de brotar agua “sino también de la llamada de los Regajales, propiedad particular, poco abundante y mal construidas sus cañerías” [40]
Y como ocurriera en 1875 con Montes de Oca, en este verano de 1887 apareció providencialmente un ingeniero químico llamado Pedro José Solano García, socio de la empresa afincada en Córdoba A. Llopis y Cia, quien el 21 de agosto escribió una carta dirigida a la alcaldía ofreciendo sus servicios para surtir de aguas a la población “de los nacimientos más a propósito y próximos a la misma” por cuenta de su empresa o de la corporación. Este ofrecimiento es tratado en la sesión del día 24, donde salió a relucir la triste realidad de las consecuencias de aquella concesión hecha a Montes de Oca diez años atrás: “… y lo que es de lamentar que este municipio no puede exigir al que se titula dueño responsabilidad de ningún género, porque se carece de contrato para obligarle a la composición de las mismas, que en todo caso sería inútil”.[41] A finales de octubre, el ingeniero se encontraba en Alcalá, llamado por el alcalde, reuniéndose con la comisión de Hacienda municipal y Obras públicas, formada por Antonio Casas Sánchez, José Fernández Sánchez, José Serrano Parra y Francisco Mansilla Quijada para formar un anteproyecto de las obras y presupuesto,[42] que fue realizado con mucha rapidez, ya que apenas dos semanas más tarde, el 12 de noviembre, fue presentado al resto de la corporación:
“la extensión superficial que habrá que ocupar fuera de la Ciudad para la realización del proyecto de traída de aguas potables a ella, será de unos dos mil metros, todos de propiedad particular, a partir desde los manantiales del cerro de Larios, propiedad del Municipio y cuya extensión superficial han manifestado los propietarios la cederán gratuitamente en atención a la utilidad y necesidad del proyecto. La obra deberá constar de unos setenta y cinco metros de galería para recoger en un solo punto los manantiales de un estanque cubierto, destinado a la toma de conducción del agua por tubería de hierro de un diámetro capaz para conducir por ella dos litros por segundo a presión de cinco atmósferas a un depósito que se establecerá, utilizando y recomponiendo la parte servible del antiguo castillo de esta Ciudad situado en la coracha, qué es el punto más alto destinado a la distribución.” Del mismo modo, calcularon que el presupuesto ascendería a entre 80.000 y 100.000 pesetas, planteando la posibilidad de pedir al Gobierno que autorizase destinar a las obras el metálico existente en caja de la tercera parte de Propios que le correspondía al municipio. [43]
Pedro J. Solano volvió a Córdoba, desde donde envió el 24 de enero envió una instancia al ayuntamiento, por ser de su competencia según la ley vigente en aquel momento, solicitando la concesión de surtir de aguas potables a la ciudad. En su escrito, hizo una breve exposición sobre la importancia del agua en el desarrollo de las ciudades:
“Claros y patentes son Iltre. Señor los beneficios que produce a toda población la abundancia de aguas de buena cualidad.= Reconociéndose así desde la más remota antigüedad por los pueblos dependientes del civilizado imperio Romano, ponían todo su empeño en dotar sus moradas de una cantidad de agua tal, que después de satisfechas ampliamente todas las necesidades de la vida tuvieran un sobrante para la agricultura. Tanto es asi, que en Plinio Estrabon y otros autores que se ocuparon de la antigüedad, se lee como axioma que la ilustración, sanidad y hermosura de un pueblo asi como la belleza de sus habitantes está en razón directa de la cantidad de agua potable de que podían disponer. = Esa magnífica base de la higiene de los pueblos por los gobiernos, dándoles todas las más amplias facultades, porque definido está por las Academias científicas que multitud de enfermedades procedentes de infecciones con carácter epidémico proceden del uso de malas aguas, o insuficientes, y los Gobiernos, primeros vigilantes de la salud pública, han dejado la iniciativa y decisión a los municipios en asunto de tanta trascendencia. = Guiado seguramente por este criterio ese ilustre Ayuntamiento desea dotar esa población de una cantidad de agua suficiente a las necesidades cada día creciente de los pueblos.” [44]
Acto seguido, resumió perfectamente la situación que padecía el municipio:
“Porque si bien las que afluyen a esa ciudad, de la propiedad del Sr Montes de Oca, alibian algún tanto las necesidades de los vecinos, son a todas luces insuficientes ni aun para la mitad de la población y la calidad de ellas deja mucho que desear para la salud pública”. Asimismo, detallaba que desde Los Larios podía surtir 60 litros por habitante y día, de una calidad inmejorable, según los certificados que había facilitado y propuso dos alternativas para instalar un depósito para recoger las aguas: “con presión suficiente para poder instalar el deposito de distribución en el llano del Castillo de esa Ciudad, o en un sitio de Los Larios que da la altura suficiente para ser mandadas a la Plaza de San Jorge y también al convento que linda con dicho castillo.”
El 3 de febrero volvió a enviar otro escrito modificando algunas cláusulas para establecer la concesión. El documento fue estudiado por los regidores en la sesión del día 9, aceptando, con algunas variaciones, las condiciones propuestas por dicho ingeniero y elevar a escritura pública el contrato. [45]
Meses más tarde, en junio, este proyecto fue cobrando forma, e incluso la prensa se hizo eco de la noticia:
“Agua. —En Alcalá de los Gazules, uno de nuestros importantes y ricos pueblos del interior de nuestra provincia, y que ni carretera puede decirse que tiene, va á establecer una empresa francesa la canalización para llevar buenas y abundantes aguas potables.
Parece que en el sitio conocido por Viña de Larios, propiedad de aquel pueblo, hay un magnífico manantial, del cual van á tomarse las aguas, que dicha empresa suministrara á domicilio á 40 céntimos de peseta el metro cúbico.
En el pueblo establecerá veinte bocas de riego y dos fuentes públicas para el servicio de los pobres, sin que nada tenga que pagar aquel Municipio.”[46]
Sin embargo, debió de haber algún tipo de enfrentamiento entre Pedro J. Solano y Pedro Montes de Oca, quien argumentaba tener exclusividad para surtir de aguas a Alcalá y debió amenazarlo con llevarlo a los tribunales, pues solo así se entiende que, a mediados de junio, el primero solicitase al ayuntamiento que verificase no existía tal exclusividad y se incluyera en el contrato la siguiente cláusula:
“El municipio garantiza al concesionario que ninguna ocasión ha autorizado este Ayuntamiento desde el principio del siglo al día de la fecha según resultado de sus libros de actas, a persona alguna o empresa para que surta de aguas a esta ciudad ni canalice sus calles, y que por lo tanto mantendrá al concesionario en los derechos que está concesión le otorga haciendo frente el municipio en los tribunales administrativos o judiciales, sí necesario fuere, a todo el que intentare turbar los derechos que otorga está concesión.” [47]
Los regidores se reunieron nuevamente el 20 de octubre, haciendo hincapié en la mala calidad de las aguas de Montes de Oca: “las aguas de los antiguos pozos públicos, como las de los Regajales de propiedad particular, No ser suficientes ni con mucho al surtido de esta población además de lo insalubre de estas últimas”, y estando seguros de que el municipio nunca había concedido “privilegio exclusivo”, ratificaron el acuerdo con Solano, bajo las siguientes condiciones:
“1ª. El concesionario D. Pedro J. Solano y García hará los gastos totales para la conducción a esta Ciudad de todo el agua que resulte alumbrada y que se alumbre en el sitio Cerro de los Larios o en otro punto siempre que esté en condiciones de cantidad y altura, cuya agua la cede el Ayuntamiento para el referido objeto, procurando se surta la Ciudad debidamente en abundancia y calidad sin que el Municipio tenga que hacer ninguna clase de gastos, conduciéndolas y distribuyéndolas por tubería a la Ciudad desde el depósito general que se establecerá en el sitio de la Coracha u otro análogo.
2ª. El agua se dará a los particulares a cuarenta y cinco céntimos de peseta el metro cúbico, siendo de cuenta de los mismos el gasto de entrarla a sus respectivas casas desde el conducto general: La fracción menor será de medio metro cúbico y se pagará a razón de dicho precio.
3ª. En las calles, de los Pozos y Cruz del Manchego se establecerán por el concesionario dos fuentes públicas, por donde correrán doce metros cúbicos en las veinticuatro horas a razón de seis cada fuente que dará gratis, para que de ellas se surta la clase pobre. Estas fuentes no podrán variarse a otros sitios sin el beneplácito de ambos otorgantes.
4ª. Igualmente colocará en la plaza de la Veracruz una fuente pública monumental, y en la de San Jorge otra más sencilla con un saltadero por donde salgan las aguas sobrantes del abastecimiento.
5ª. El concesionario colocará gratuitamente doce bocas de riego e incendios en las calles de los Pozos, Real, Garrido Estrada, Luís Cameros, Alonso el Sabio, Alonso Cárdeno, Salada, Plaza de la Veracruz, de Blaza, de Santo Domingo, de San Jorge y de San Juan. Las aguas que no se utilicen por el concesionario podrán emplearse en el servicio de riego de dichas calles y plazas.
6ª. El Ayuntamiento pagar a veinticinco céntimos de peseta el agua que emplee en los establecimientos municipales, como matadero, cárcel, Hospital Eª. Eª.
7ª. El Ayuntamiento garantizará al concesionario la venta mínima de trescientos metros cúbicos de agua diarios, y si está no se realiza del todo, pagará la diferencia a veinticinco céntimos de peseta el metro cúbico. Esta garantía no empezará a ser efectiva hasta seis meses después de la inauguración del servicio, a cuyo intento pedirá al Ministro de la Gobernación la autorización competente.
8ª. La Municipalidad para cumplir la obligación que se establece por la condición anterior y después que haya sido aprobada por el Ministerio, haciendo uso del artículo setentidos de la Ley Municipal, establecerá un impuesto de cuarenticinco céntimos de peseta el metro cúbico de agua sobre todos los que lo consuman, pero este impuesto jamás se exigirá a otros qua a los abonados morosos en sus pagos. Este impuesto podrá ser delegado en el concesionario, que lo cobrará directamente según el reglamento, que aprobado por la Corporación regirá entre el concesionario y los consumidores.
9ª. En cualquier época que el Municipio faltare a la garantía establecida en el primer párrafo de la condición séptima, autorizará al concesionario para cerrar las espitas de las dos fuentes públicas y en ellas se puede vender el agua a un céntimo de peseta el cantar de doce litros, quedando libre el Municipio por ese hecho del pago de la diferencia de la vendida hasta los trescientos metros cúbicos garantizados.
10. La concesión será por noventa y nueve años a partir del día de la inauguración y por setenta y seis el concesionario tendrá el privilegio exclusivo del surtido.
11. Las cantidades que se recauden por ventas del agua serán cobradas por el Ayuntamiento, quien las conservará en deposito en la Caja Municipal, entregándolas mensualmente al concesionario o su delegación. Del total importe de los cobros retirará el municipio el cinco por ciento como premio de cobranza; esto no obstante el concesionario tendrá el derecho de anular está condición y cobrar por sí, cuando lo juzgue conveniente, dando aviso al municipio con 15 días de antelación.
12. Concluido el plazo de la concesión, todas las obras serán del Municipio entregándoselas el concesionario en buen estado de conservación y de uso.
13. El Municipio concede al concesionario el derecho exclusivo de canalizar las calles de la ciudad para el surtido de agua durante el tiempo de la concesión, debiendo el mismo respetar las tuberías que pudieran existir de uso privado hasta el día de la fecha, pero pudiendo establecer otras tuberías en todas direcciones con las que existieran y cruzarlas por abajo o por encima.
14. El Municipio garantizará al concesionario el sostenimiento de los derechos que este contrato le otorga haciendo frente ante los tribunales administrativos o judiciales, sí necesario fuere, contra todo el que intente turbar los derechos que le confiere esta concesión.
15. Para el día primero de noviembre (1888) próximo se empezarán las obras que quedarán terminadas en fin de febrero siguiente.
16. El concesionario tendrá el personal Facultativo prácticos necesario en esta ciudad, con el fin de que cualquier incidente en la conducción sea inmediatamente reparado y en el plazo de cinco días después de conocido.
17. El municipio se obligará a proporcionar al concesionario una hectárea de terreno en los Larios dividida en las partes necesarias para los alumbramientos y obras de fábrica, cuyo valor será pagado por repetido concesionario.
18. Todas las desavenencias que pudiera surgir entre el concesionario y el Municipio serán precisamente resueltas por dos ingenieros nombrados por ambas partes, y en caso de no estar conformes, decidirá en definitiva otro ingeniero nombrado por el Juez de primera instancia del Partido, cuyo fallo será ejecutivo.
19. Esta acta se elevará a escritura pública siendo del concesionario los gastos; pudiendo este trasferir sus derechos y obligaciones a otra persona o empresa nacional o estrangera.” [48]
Efectivamente las obras comenzaron, pero, de manera inesperada y sin motivo aparente, se paralizaron, marchándose Pedro J. Solano de Alcalá. Tras expirar el plazo de ejecución de las mismas, trascurrieron varios meses sin que se reanudasen, enviándole en septiembre el alcalde, por conducto de su homónimo de Córdoba, un requerimiento “concediéndole un término de doce días para que continuase las obras del acueducto empezado”. En vista de no obtener respuesta del ingeniero, el 12 de diciembre el ayuntamiento acordó “Declarar caducada la concesión hecha por este municipio en veinte de octubre de mil ochocientos ochenta y ocho en favor de Don Pedro José Solano García, de la traída de aguas potables a esta población, del inmediato cerro del Larios, o de otro punto del término, mediante no habiendo cumplido con ninguna de las condiciones establecidas en el contrato y por tanto nula la escritura pública celebrada ante el Notario de esta ciudad Don Rafael Espinosa Ramos en veintiocho de octubre del citado año, notificando este acuerdo en forma al interesado para que le conste.” [49]
Paralelamente, el mes anterior, Pedro Montes de Oca intentó de nuevo eliminar la competencia a su negocio, y así, el 27 de octubre volvió a solicitar al ayuntamiento se adoptasen medidas para evitar la venta de aguas de las fuentes públicas, por perjudicar a sus intereses, pretensión que fue rechazada “por creerla perjudicial a la clase pobre que es la que se dedica a la venta de este artículo.” [50] De igual modo, solicitó la cesión de un terreno en el Altillo para construir un depósito para contener las aguas de su propiedad procedentes de Los Regajales, relegando los regidores este asunto hasta que la comisión de policía urbana emitiera un informe. Curiosamente, coincidiendo con la rescisión del contrato para la traída de agua de Los Larios de Solano, nada más se supo sobre la construcción del depósito.
Meses más tarde, mediado 1890, Pedro Montes de Oca accedió nuevamente a la alcaldía, donde se mantuvo hasta 1893, continuando como concejal, siendo reelegido alcalde en 1895, para sucederle su yerno, Diego Centeno del Manzano. Durante todo este tiempo, y hasta su muerte, ya nada turbó el monopolio de Montes de Oca.
Fue así como, por intereses particulares, se tumbaron ambos proyectos, el primero torpedeado desde la propia institución municipal, poniendo todas las trabas posibles y el segundo, sospechamos que cediendo Solano a las presiones recibidas, perdiéndose la posibilidad de haber mejorado notablemente la calidad de vida de sus vecinos, que fueron los grandes perjudicados. La falta de agua potable condicionó el desarrollo de Alcalá, pues hasta bien entrado el siglo XX no se garantizó el acceso generalizado a tan preciado elemento.
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